Como muchos otros cauces del país, el Río Frío, en Guatuso de Alajuela, está muriendo ante la sobreexplotación de materiales de parte de empresas que durante décadas han tenido concesiones estatales para la extracción de materiales destinados a la construcción.

“Aquí la preocupación que tenemos es por el río, que es muy hermoso y el principal afluente del refugio Caño Negro. En solo 10 kilómetros hay varios quebradores de empresas privadas y otro operado por la municipalidad”, denunció Yadira Campos Álvarez, lideresa que se mantiene en pie de lucha junto a otras personas de la comunidad de Maquengal para que se declare una moratoria de la minería no metálica en la zona norte.

Sus preocupaciones fueron explicadas a autoridades gubernamentales y municipales el pasado 15 de marzo de 2025. Mediante una carta dirigida a la Lic. Mariana Jiménez, directora regional del Área de Conservación Arenal Huetar Norte; al alcalde Carlos Alberto Sequeira, a Franz Tattenback, Ministro de Ambiente y al presidente Rodrigo Chaves para que se ordenara una intervención por el desastre ambiental que enfrentan desde hace años por “deterioro progresivo del río Frío debido a la explotación indiscriminada de sus recursos”, como explica la carta entregada a dichos funcionarios públicos.

A la fecha, las voces comunitarias siguen esperando la respuesta de las autoridades estatales. Pero la historia de los guatuseños no es única. Estos conflictos socioambientales se replican en todas las regiones del país donde los grupos ciudadanos son testigos de cómo desde la “legalidad” basada en estudios de impacto ambiental delimitados a pequeños cuadrantes continúan impactando irreversiblemente los ecosistemas fluviales ante el desinterés del Estado.

Caudales para el mejor postor

El Lic. Luis Sanabria Zaniboni, coordinador del Observatorio de Bienes Comunes (EC-518), un proyecto de Acción Social del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR), enfatizó que cuando se habla de agua no solo debe entenderse como recurso ecosistémico ecosistema, sino que también es un derecho humano que se vincula con relaciones comunitarias, sus actividades productivas y la propia sobrevivencia.

Como parte del acompañamiento que realiza la Universidad de Costa Rica a las comunidades en sus denuncias socioambientales, dicho observatorio ha estado al lado de las personas de Guatuso por sus derechos ambientales. Según Sanabria, tras la realización de un monitoreo se determinó la desaparición progresiva de piedras en la parte baja del río, el cauce se ha desplazado hasta 80 metros y los sedimentos acabaron con gran parte de las “pozas” existentes, alteró la estabilidad de las orillas creando paredones de hasta 8 metros de altura que afectan los terrenos circundantes y las actividades productivas, así como afectaciones a la vida silvestre y la fauna acuática.

Sanabria, agregó, que debido que las actividades extractivas en este río se han traducido en la pérdida del espacio público y del paisaje comunitario por lo que actividades recreativas y los pequeños emprendimientos turísticos han desaparecido. Al respecto, Campos rememoró “que el río era nuestra carta de presentación, era muy lindo y abundante, pero ahora apenas llega a la rodilla y hay grandes paredones. Haciendo memoria, puedo decir que teníamos 20 pozas y ahora quedan solo 2; eran tan lindas y todo el mundo venía a disfrutar del río. Era rico en pesca y ahora los peces no pueden desovar porque acabaron con la naturaleza donde ponían sus huevecillos y hasta se podían ver los cardúmenes. Aquí se practicaba el kayak y el “tubing” (navegar sobre un inflable) y ya no se puede porque el río se ha hecho como un tablazo, o sea es como una sola torrentada. Ahora es un río muerto.”

Campos enfatizó que el Río Frío es parte de un corredor biológico y alrededor de él operaban pequeños emprendimientos turísticos. Otra de las actividades afectadas es la ganadería, ya que los grandes paredones en las riberas “se están comiendo las propiedades y hasta las vacas se desbarrancan y mueren”.

Sobre la minería no metálica el programa Kioscos Socioambientales (ED-3555), una iniciativa de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) ha expresado su preocupación sobre los impactos ambientales ante la extracción intensiva de materiales en los cauces nacionales. La magister Dylanna Rodríguez Muñoz, coordinadora de esa instancia, afirmó que “Costa Rica tiene en todas sus regiones actividades extractivas en los ríos, con gran cantidad de proyectos en muchos de ellos. Esto también ha comprometido la vida y la salud de las cuencas, con un impacto directo en comunidades en territorios que están alrededor, y que han dependido históricamente del río para diferentes actividades socioeconómicas y también recreativas, el mismo es parte de la identidad de los territorios de las comunidades”.

Cuando estas empresas llegan a las comunidades hacen promesas de desarrollo a sus pobladores; pero una vez que logran las concesiones no cumplen sus compromisos. "Esa idea de desarrollo realmente no está llegando a las comunidades. Hay desarrollo para quienes están logrando tener esas ganancias, pero no necesariamente para los territorios, quienes que ni siquiera tienen buenos caminos”, aseveró Rodríguez.

Según las leyes costarricenses todos los cuerpos de agua superficiales o subterráneos son bienes de dominio público, pero es esa misma legislación la que autoriza a las empresas públicas y privadas la explotación de los caudales mediante concesiones otorgadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) durante décadas. Esos permisos incluyen tramos de kilómetros, con la posibilidad de que a la misma empresa se le otorgue una más, hasta por 35 años consecutivos.

Mientras en el Río Frío y otros cauces continúan muriendo los ecosistemas, en Guatuso un grupo de personas sigue en la lucha por su protección. “Hemos enviado cartas al Alcalde, al Concejo Municipal y no ha habido respuesta. A veces me dan ganas de tirar la toalla, al rato nos asustan y la gente del pueblo nos dice que nos van a matar porque nos estamos metiendo con gente de mucho dinero”, continuó.