La Universidad de Costa Rica (UCR), por medio del proyecto de acción social “Defensa, tutela y promoción de los derechos laborales en Costa Rica” (ED-3668) refuerza su compromiso con las personas trabajadoras agrícolas de la Región Huetar Norte, una de las zonas más afectadas por la pobreza y la precarización laboral en el país.

Según el Índice de Desarrollo Social del Mideplan 2023, el 100% de los distritos de Los Chiles, Guatuso y Upala presentan una condición de menor desarrollo relativo. La situación económica es crítica: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares del INEC (octubre 2024), el 24% de los hogares viven en pobreza en esta región, la cual ocupa el quinto lugar en ingreso total y posee el ingreso per cápita más bajo de Costa Rica.

Ante la creciente precarización laboral y los retrocesos en las garantías sociales, este proyecto de acción social se vincula con los trabajadores agrícolas de la Zona Norte en la defensa de sus derechos laborales y salud ocupacional, implementando asesorías legales y encuentros internacionales que consolidan un observatorio de relaciones laborales de redes sindicales en América Latina, el Caribe y África.

Mejorar las condiciones laborales

En búsqueda de mejores condiciones labores para las personas trabajadoras agrícolas, el proyecto aborda tres ejes fundamentales que son: salud ocupacional, no discriminación y jornadas laborales justas.

En las plantaciones de piña -uno de los principales motores económicos de la región-, los riesgos en torno a la salud son múltiples e incluyen estrés térmico, mordeduras de serpiente, cargas físicas excesivas y exposición a agroquímicos. Según Mauricio Castro, coordinador del proyecto, la prioridad del mercado es producir más y por menos costos, por lo que el uso y abuso de agroquímicos es nocivo para la salud y el medio ambiente, además “las denuncias médicas ante el Instituto Nacional de Seguros suelen ser condicionadas a la notificación patronal, lo cual es ilegal y vulnera el derecho a la salud laboral”. 

Castro destacó que además, el sindicalismo es percibido como una amenaza. Muchas empresas recurren a intermediarios para contratar migrantes en condición irregular, reduciendo costos de producción y evadiendo responsabilidades en materia de garantías sociales y salud ocupacional. 

Esta situación provoca despidos antisindicales y desigualdades de género, afectando especialmente a las mujeres que combinan trabajo y labores de cuido. Para Didier Leiton, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (Sitrap) “existe una política antisindical desde hace años que sataniza  y nos pone como lo peor en las plantaciones de piña y banano”.

Asimismo,  la precariedad de las jornadas laborales y el salario a destajo inferior generan pobreza, deterioro de la salud física, mental y descomposición familiar. La mano de obra oscila en 26.000 personas donde el 17 % de los trabajadores agrícolas laboran más de 48 por semana y no posee salarios dignos. 

Esta iniciativa universitaria también analiza el vínculo entre las dinámicas del comercio internacional y la erosión de derechos laborales en nuestro país, para ello, organizaron en 2023 un encuentro internacional con 62 académicos y sindicalistas de América Latina, Europa y África, donde se discutió la nueva regulación europea sobre la “debida diligencia” que obliga a las empresas transnacionales a garantizar estándares laborales y ambientales. 

“Supermercados europeos como Aldi capturan las mayores ganancias de la cadena de valor del banano y la piña, reduciendo los costos de producción en detrimento de las condiciones laborales y ambientales en Costa Rica”, explicó Castro. 

Redes para la defensa de los trabajadores

Actualmente el proyecto está buscando fortalecer alianzas con otras iniciativas universitarias como Kioscos Socioambientales, y con organizaciones internacionales como la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL-CIO) y la ONG colombiana Viva, con el objetivo de trabajar en conjunto y recopilar denuncias y evidencias para la defensa jurídica ante situaciones de violaciones laborales.