Población migrante potencia capacidades de participación política
TCU trabaja por la articulación de personas migrantes y refugiadas
El TCU trabaja para la incidencia política en espacios institucionales y comunitarios a través de metodologías lúdicas, artísticas, gráficas y performativas. Fotografía tomada de Facebook del TCU.
Costa Rica es un país con gran recepción de personas migrantes y refugiadas. El flujo de la migración ha variado en cantidad debido a diversas situaciones políticas, sociales y económicas en diferentes momentos de la historia y la migración irregular ha hecho difícil obtener una cifra sobre la cantidad de personas migrantes presentes en el país hasta el día de hoy.
Los datos más recientes compartidos por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), indican que para abril de 2017, había un total de 4351 personas refugiadas en el territorio nacional, de las cuales 2368 correspondían a personas colombianas, 577 salvadoreñas, 458 nicaragüenses, 301 venezolanas y 109 hondureñas, entre otras. Estos datos variaron considerablemente en años posteriores debido a la violencia generalizada que enfrentan países centroamericanos como Honduras y El Salvador y la crisis que se desató en Nicaragua durante el 2018.
La situación de las personas migrantes en nuestro país es compleja, ya que además de una gran xenofobia, se enfrentan a conflictos relacionados con la explotación laboral y el no reconocimiento de sus derechos. Ante esta situación, desde la Universidad de Costa Rica (UCR), se crea el Trabajo Comunal Universitario (TCU) Migrantes como sujetos políticos: nuevas vías de expresión (TC-652) que busca apoyar redes de trabajo y la articulación entre personas migrantes y refugiadas, para potenciar sus capacidades de participación política y de incidencia en espacios de toma de decisiones.
“Trabajamos por apoyar esfuerzos de organizaciones compuestas por personas migrantes, poner los recursos que la universidad tiene y los y las estudiantes a disposición de diferentes movilizaciones y proyectos que cada organización tiene. Además, lo hacemos a través de vías de expresión inusuales como pintar mantas, utilizar las redes sociales, intervenciones en espacios públicos o lo que sea más pertinente en cada caso”, comentó Silvia Azofeifa, coordinadora del TCU.
Desde el año 2018, el TCU ha trabajado con la Asociación Enlaces Nicaragua, compuesta por mujeres nicaragüenses que buscan la defensa de sus derechos laborales y el acompañamiento para incidir en espacios de decisión.
“Enlaces inició con jóvenes que sentían vergüenza de ser nicaragüenses. Iniciamos con compañeras que tenían temor de hablar ante la violación de sus derechos laborales y que desconocían cómo funciona el Estado costarricense. Hoy tenemos mujeres empoderadas, con derechos laborales, que han asistido a talleres a nivel de Centroamérica y que han logrado defender sus posiciones”, expresó Quxabel Cárdenas, coordinadora de la Asociación Enlaces Nicaragua Costa Rica.
Como parte del trabajo en conjunto con esta iniciativa, se han realizado representaciones artísticas, gráficas y simbólicas en lugares estratégicos para denunciar actos de discriminación o problematizar estereotipos (en instituciones, en la calle, en reuniones, asambleas, actividades públicas, marchas, entre otras). Además, en el 2018 se logró la firma del decreto presidencial que suspende temporalmente la multa de 100 dólares mensuales que debían pagar las personas migrantes en condición irregular.
“Creemos que hemos crecido mucho en tareas de cara a la movilización, formación, conocimiento de las mejores rutas para el intercambio cultural y encontrar amistad, afecto y compromiso. Para nosotras ha sido una experiencia maravillosa”, indicó Cárdenas.
Actualmente, el TCU sigue trabajando para incidir en la población costarricense brindando información que permita cuestionar o poner en entredicho discursos y prácticas xenófobas que reproducen la discriminación hacia la población migrante y refugiada que se encuentra en Costa Rica. Además, sigue presionando, junto con otras organizaciones, por la reforma a la Ley General de Migración y Extranjería para facilitar los trámites de regularización para las personas migrantes.
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