Los trabajadores de la cultura en Costa Rica enfrentan múltiples desafíos en su carrera y vida laboral. Según el "Informe Estado de Situación de la Seguridad Social de los Artistas en Costa Rica y perspectivas para su abordaje" del 2019, se reveló que hay más de 40.500 personas ocupadas en actividades culturales en el país, generando con su trabajo ¢907.617 millones de colones, cerca del 2.3% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, muchas de estas personas no reciben un pago justo por su trabajo y preparación, tienen poca estabilidad y formalidad laboral, no están asegurados en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y no todos tienen un goce pleno de sus derechos como vacaciones, aguinaldo, horas extra y licencia por maternidad.

Para abordar esta situación, desde el año 2022, el proyecto de acción social TC-754 "Cumplimiento de los derechos laborales en el sector artístico y cultural y sus condiciones socioeconómicas" busca acompañar a organizaciones en el reconocimiento de sus derechos laborales, apoyarlos en procesos de negociación colectivos con el Estado y propiciar la elaboración de un reglamento especial con la CCSS para incorporarlos al sistema de seguridad social. 

El proyecto se concentra en las artes escénicas, música y producción audiovisual y busca elaborar un diagnóstico del sector, un perfil de la persona trabajadora del arte y la cultura y acompañar a las organizaciones de artistas en el camino hacia sus reivindicaciones laborales.

Para Karen Carvajal, coordinadora del TCU, este sector tiene una serie de características que representan retos para su articulación y organización, porque es un gremio sumamente atomizado, sus miembros usualmente tienen otro trabajo como su principal fuente de ingresos y en muchas ocasiones no se perciben a ellos mismos como trabajadores(as). 

La situación laboral del sector cultural se divide en 3 grandes áreas. En primer lugar  aquel artista que tiene una relación laboral formal, la segunda aquel trabajador de la cultura independiente que no tiene una relación laboral con nadie y lo que hace es brindar un servicio y por último un área gris donde no se tiene una relación formal pero sus vínculos y subcontrataciones  podrían develar una relación laboral encubierta y es el área que presenta más problemas laborales.

El mecenas estatal

Uno de los principales empleadores de las personas artistas es el Estado, por lo que uno de los ejes de acción del proyecto son las negociaciones con el Servicio Civil y entidades estatales para reducir la brecha de interinazgo prolongado.

La falta de reconocimiento de su profesionalidad artística es otro problema que afecta a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, porque no existen mecanismos adecuados para su clasificación dentro del Ministerio de Cultura. "Un artista puede ser un licenciado en música, máster en piano y no hay reconocimiento del grado artístico de esto porque existe el sesgo de que el artista no es un profesional o un trabajador", declaró Carvajal.

El arte independiente

El sector de trabajadores y trabajadoras de la cultura que realizan su trabajo de forma independiente tienen como problemas principales el pago de impuestos y el aseguramiento con la CCSS, debido a que esta actividad es sumamente inestable y la gran mayoría no tienen esta actividad como su fuente de ingreso principal, por lo que necesitan de otros trabajos para subsistir.

Convenientemente ambiguo

Este último grupo está formado por artistas independientes pero que tienen una relación de subordinación con alguien, un ejemplo de esto es cuando el Estado subcontrata servicios sin verificar las condiciones laborales de las personas trabajadoras en esos contratos, donde no se les paga las horas de ensayo, no tienen seguridad social y no hay pago de horas extra. Con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se les impuso el 13% del IVA a los servicios profesionales, que también impacta los precios de los servicios artísticos. "Los artistas con toda la razón sostienen que es excesivo y estamos en una negociación con el Ministerio de Hacienda para hacer un régimen diferenciado para los trabajadores de la cultura", aclaró Carvajal.

El proyecto ha trabajado con organizaciones de artistas como Mujeres en Escena, Unión de Trabajadores de la Música, Colectivo La RED y la Escuela de Danza y Teatro del Ministerio de Cultura entre otras, con el objetivo último de crear una estrategia de solución de conflictos.

Manfred Rivero Redondo, director del Taller Nacional de Danza, ha destacado la importancia del proyecto en el que se desarrolló un taller sobre derechos laborales, dirigido a funcionarios  y destacó su deseo de replicar una experiencia similar dirigida a artistas independientes. "Estamos en un contexto en el que es importante la conversación sobre los derechos laborales de las personas artísticas y el TCU fue importante para generar ese espacio", declaró Rivero.

Sobre el estado del sector artístico, Rivero destacó la dificultad para regular y unificar tarifas por los diferentes servicios "como trabajadores debemos realizar pago de impuestos y seguridad social y hay una debilidad muy grande a la hora de cobrar por estos servicios ya que es difícil que haya un colegio para establecer una tarifa mínima", finalizó.

Finalmente para Carvajal la mayor justificación para el disfrute pleno de los derechos laborales y la inversión estatal en arte y cultura es que toda persona tiene derecho al pago justo por su trabajo, conocimiento y habilidad: “el Estado debe invertir porque es un derecho humano el acceso a la cultura, a la expresión artística y conservar el patrimonio” finalizó