Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, aproximadamente 1.500.000 personas menores de edad habitan en el territorio costarricense.

Esto representa un desafío para “la actual administración en materia de niñez y adolescencia. Es importante reconocer como al constituirse la acción presidencial desde la función pública, en cierta medida los retos en cuestión, pasan por considerar la dinámica estatal; y por consiguiente la política social, especialmente la relacionada con niñas, niños y adolescentes”, manifestó el magister Milton Ariel Brenes Rodríguez, coordinador del Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El Pridena, que es un programa de la Escuela de Trabajo Social inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), reúne una serie de iniciativas universitarias que trabajan desde una reflexión crítica por los derechos humanos de la niñez y la adolescencia que viven en el territorio nacional.

Como parte de sus acciones, para el próximo 27 de setiembre, el grupo de trabajo Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-UCR (Clacso-UCR), en el cual participa el Programa PRIDENA, estará organizando un Coloquio sobre Prácticas Sociales Violentas y SUbjetividad".  Tendrá lugar en la sala de sesiones de la Escuela de Psicología, de 8 a.m. a 6 p.m.

Posteriormente, ese mismo día en el auditorio del Cicap-UCR se realizará el foro Reflexiones en torno al Código de la Niñez y la Adolescencia, con la participación de la ministra Patricia Vega Herrera; el sociólogo Ludwing Guendel González, la directora de Planificación de la Fundación Paniamor Karol Acón Monge, el abogado Álvaro Burgos Mata, y la moderación de la Dra. Dina Espinosa Brilla, coordinadora de EDNA.

Estos encuentros se enmarcan en el mes de la niñez y adolescencia; y analizarán el cambio de paradigma que constituyó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este instrumento entró en vigencia en Costa Rica el 2 de septiembre de 1990, y a partir de ésta se consideró a las personas menores de edad como sujetos de derechos y cuya ciudadanía activa debe ser protegida por los Estados signatarios.

El programa EDNA (ED-389) tiene su base en la Escuela de Estudios Generales, y es un proyecto de la VAS. Desde el año 2000 difunde el Informe Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Dicha publicación se constituyó en un referente crítico en esta materia, y una herramienta para las instancias gubernamentales y organizaciones cuyo trabajo se dirige al mejoramiento de la calidad de vida de las personas menores de edad.

Inclusión educativa.    La Dra. Espinosa explicó que el informe EDNA brinda un panorama del estado de un cumplimiento de los derechos humanos de menores de edad, desde una visión crítica.

En su abordaje, “analiza los vacíos en esta materia, teniendo muy en cuenta poblaciones excluidas, como migrantes, afrodescendientes, madres adolescentes, personas con discapacidad e indígenas, que en las estadísticas generales no se reflejan. Desde los datos generales no son significativos, pero sí desde una perspectiva social”.

La vulnerabilidad del incumplimiento de los derechos humanos es un asunto que atraviesa a todos los segmentos de población. En especial, la pobreza, la exclusión educativa, el trabajo informal y otras actividades que los enrolan en actividades ilícitas son factores que truncan su condición de niños, niñas y adolescentes, detalló la Dra. Espinosa.

Espinosa enfatizó que la permanencia en los centros educativos es fundamental, ya que es ahí donde se ejecutan las campañas de prevención de salud, autocuidado y desarrollo de habilidades para un buen vivir.

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Acción universitaria.   Uno de los grandes retos que tiene la UCR es acompañar al Estado costarricense en esta materia, sobre todo en la formulación de la política social en temas específicos que hay que considerar como: acceder a una educación de calidad en entornos libres de todo tipo de violencia, fortalecer la primera infancia, las dinámicas familiares que garanticen que no estén en la línea de pobreza, sumado a un Estado que debe empezar a reconocer la diversidad de composiciones familiares al margen de concepciones religiosas.

“Por otro lado, es ver cómo el sistema integral de protección logra conectarse desde el ámbito más político gerencial hasta lo local, y que la población logre sentir la intervención del Estado en busca de la protección, el desarrollo y el interés superior de las personas menores de edad”, acotó Brenes.

La UCR puede acompañar estos procesos apoyando a los actores locales vinculados a este sistema. En el ámbito académico, la universidad tiene una fuerte responsabilidad desde la acción social para convertir los campus en un lugar de encuentro de profesionales para refrescar conocimientos y traerlos una reflexión crítica de su trabajo, agregó.