Este 3 de mayo el mundo celebra el Día de la Libertad de Prensa

Hoy más que nunca las personas de todo el planeta tienen la posibilidad de expresar sus ideas y opiniones mediante las tecnologías de la información y la comunicación, desde un teléfono inteligente, una computadora de escritorio o tableta.
Sin embargo, algunos gobiernos del mundo y líderes políticos han impulsado desde sus ámbitos de poder iniciativas para limitar las posibilidades de los ciudadanos para expresar opiniones usando dichos recursos tecnológicos;  e incluso acallar críticas manifestadas en las redes sociales.

Por eso, desde el año 1991 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco),  llama a todos los países a reflexionar cada 3 de mayo sobre la libertad de la prensa y aquellas relacionadas con la posibilidad de expresar ideas libremente y difundir contenidos por los medios disponibles para los habitantes del mundo.

Este año, la Unesco determinó como eje central de esa reflexión los pesos y contrapesos: los medios de comunicación, justicia y estado de derecho. La discusión mundial sobre estos temas se enfocará en la transparencia de los procesos políticos, la alfabetización mediática del poder judicial y la responsabilidad ineludible de las instituciones estatales frente al público.

Según la magister Giselle Boza Solano, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR), “Costa Rica cuenta con un régimen amplio de libertades individuales: la libre manifestación de las ideas, opiniones e informaciones.  En general no es motivo de persecución, amenazas o intimidación por parte de los poderes públicos y se ha logrado desarrollar una sólida jurisprudencia constitucional sobre el derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, hemos visto algunas prácticas nefastas en los últimos años contra el trabajo de la prensa”, explicó Boza.

No obstante, la coordinadora de Proledi comentó que en el pasado proceso electoral costarricense fueron evidentes los intentos de confundir con “falsas noticias” al electorado, e incluso de coartar la libertad de expresión de algunos ciudadanos que hacían críticas hacia una u otra tendencia política.

Meta universal. La libertad de prensa, de expresión y difusión de contenidos informativos son parte de las aspiraciones que la Unesco ha planteado como parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible del año 2030.  Esta plantea la comunicación como instrumento esencial en la construcción de sociedades más transparentes, justas, inclusivas y respetuosas de todas las formas del pensamiento humano.
Para aunar al estudio de estos temas en febrero pasado el Centro de Investigación de la Comunicación (Cicom) y el Proledi, ambos de la UCR, presentaron el  Primer informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica.

Dicho documento contiene ensayos sobre la libertad de la palabra en Costa Rica, el derecho a la información y la comunicación, la radiodifusión vista desde la perspectiva de los movimientos sociales; y en todos estos temas el marco legal regulatorio y jurisprudencia constitucional existente.

Para Boza, quien además de comunicadora es abogada en derecho penal, en el país existe amplia normativa para que la ciudadanía denuncie ante las instancias judiciales cuando sus derechos y libertades son irrespetadas por la institucionalidad. 

“En sendos pronunciamientos, la Sala Constitucional considera que, en una sociedad abierta y democrática, a la que le son consustanciales los principios de tolerancia, pluralismo y transparencia, la libertad de expresión comprende la posibilidad de formular críticas contra la conducta o funcionamiento de otras personas físicas o jurídicas, aunque le disguste e incomode a sus destinatarios.  Esa posibilidad se ve reforzada cuando se trata de la crítica a la gestión o funcionamiento de un ente u órgano público, a un personaje público o a una persona con notoriedad pública”, agregó.

“El debate en Costa Rica sobre estos desafíos regulatorios ni siquiera comienza. ¿Cuál es el rol del Estado y cuáles son las formas democráticas que debemos adoptar para garantizar una internet libre y abierta y el pleno ejercicio de los derechos digitales y la libertad de expresión?”, cuestionó Boza.

Para leer más sobre esto.  En el portal web del Proledi están disponibles una serie de documentos e informes relacionados con estos temas. Este programa universitario, además de realizar investigación, coordina los proyectos de Acción Social: Participación ciudadana por el derecho a la comunicación (TC-636) y Promoción de los derechos comunicativos (ED-3020).  Ambos promueven espacios de discusión comunitaria y nacional para promover cambios sociales e institucionales relacionados con los derechos a la comunicación e información y la libertad de expresión.