Cada año, miles de personas refugiadas y migrantes vulnerables enfrentan desafíos legales en su búsqueda de seguridad y estabilidad en Costa Rica. Para muchas de ellas, la Clínica de Litigio Estratégico en Protección de la Persona Refugiada y Migrante Vulnerable (ED-3426), una iniciativa de Acción Social, se ha convertido en una esperanza y un importante apoyo en medio de un mar de incertidumbre.

Un proyecto académico con impacto real y respaldo legal 

La Clínica de Litigio que nació en el 2019 proporciona representación legal en casos de violación de derechos fundamentales a la población migrante vulnerable, refugiada o solicitante de refugio que se enfrenta a procesos legales en tribunales nacionales e internacionales. Además, ofrece asesoría y acompañamiento en las solicitudes de refugio ante la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Según Melissa Salas, coordinadora  de esta iniciativa y directora de Migración y Refugio y Protección Internacional de la UCR, "este proyecto nace desde Extensión Docente con la finalidad de apoyar la problemática de la población migrante o refugiados que tienen necesidad de gestionar cualquier trámite migratorio para regularizar su situación en el país."

Diversidad de usuarios,  asesoría legal y brechas de información

La diversidad de personas atendidas por la Clínica es notable. Desde migrantes venezolanos, colombianos, cubanos, nicaragüenses hasta personas apátridas que no tienen nacionalidad, la Clínica se dedica a ayudar a todos aquellos que enfrentan situaciones legales complejas y carecen de los recursos necesarios para contratar un abogado.

La Clínica no solo brinda servicios legales, sino también servicios psicológicos para acompañar a las personas que enfrentan el duelo migratorio y estados emocionales de vulnerabilidad.

Los principales desafíos que enfrentan las personas migrantes y solicitantes de refugio es la falta de acceso a la documentación. Los procesos legales son largos, técnicos y costosos, lo que hace que muchos no puedan pagar un abogado especializado. La Clínica se enfoca en atender a personas en condición de vulnerabilidad económica que necesitan apoyo gratuito.

“Atendemos personas tanto de manera presencial como de manera remota y son de San José, Guanacaste, Puntarenas y otras provincias de Costa Rica, o también personas que viven en San José y que no tienen el recurso para poderse trasladar. Se trata de facilitar el acceso por medio de los diferentes modos, ya sea vía telefónica, WhatsApp o organizar alguna sesión por Zoom para explicarles algún procedimiento. También se realizan videos informativos para explicar cómo se hacen los procedimientos”, indicó Ingrid Maldonado, una de las abogadas del proyecto.

La Clínica apoya a estas personas  ante la falta de información,  ya que  muchas veces  caen en un círculo de indefensión por no conocer los procedimientos, ni el derecho a los recursos existentes. El proyecto empodera a las personas, especialmente a las mujeres víctimas de violencia de género y a las familias con niños, para que conozcan sus derechos y sepan cómo utilizar los recursos disponibles según su categoría migratoria. "La idea es que ellos conozcan sus derechos y sepan que Costa Rica es un país más democrático”, agregó Maldonado.

Desde su apertura en 2019, la Clínica ha mantenido su asesoría legal incluso durante la pandemia por COVID-19. Los casos se han incrementado en todo el país, especialmente en las zonas transfronterizas.

Un compromiso con la comunidad

Los servicios que ofrece el ED-3426 incluyen: trámites de residencia, permisos de trabajo, atención a personas apátridas que buscan obtener una nacionalidad y la gestión de solicitudes de refugio. Además, se especializa en litigio estratégico en casos en los que se niega el acceso a servicios básicos a la población migrante o refugiada. También establece convenios y relaciones de cooperación con organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y otras organizaciones de migrantes y refugiados a nivel local, nacional e internacional.

Además de su impacto directo en la comunidad, la Clínica motiva a estudiantes a especializarse en temas migratorios a través de pasantías. Esto ayuda a formar una nueva generación de profesionales en el ámbito jurídico, comprometida con los derechos humanos y la justicia.

"Desde el año pasado, luego de la pandemia, [el proyecto] abre nuevamente y se logra tener un equipo completo con dos abogados y una psicóloga para prestar asesoría y apoyo legal especializado y apoyo psicológico”, indicó Maldonado. Actualmente los abogados que prestan servicio poseen amplia experiencia en la materia por lo que las personas usuarias de la Clínica de Litigio consiguen informarse adecuadamente acerca de los procesos migratorios, cómo llevarlos a cabo y cómo superar los obstáculos a los que se enfrentarán durante el proceso ante la Dirección General de Migración y a la Unidad de Refugio.