Luego de un arduo trabajo de cooperación y articulación, entre la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) y el Ministerio de Justicia y Paz, con el apoyo de docentes de las unidades académicas de la Universidad de Costa Rica, se firmó el pasado 17 de agosto un convenio que pretende poner a la universidad al servicio de las problemáticas que vive actualmente el Sistema Penitenciario Nacional. 

El Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la MSc. Cecilia Sánchez Romero, jerarca del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), formalizaron todo el proceso interinstitucional que se ha venido desarrollando desde el año anterior con la firma del convenio. 

"Entrar en alianza con la academia será de muchísimo beneficio. Al Ministerio le corresponde tener bajo su tutela una población que no representa el interés político de casi nadie. Como sociedad tenemos responsabilidad con las personas privadas de libertad y el Estado debe dar una respuesta al problema”, destacó la MSc. Cecilia Sánchez, ministra de Justicia y Paz. 

Por otro lado, el Dr. Henning Jensen destacó: “Para la UCR esta es una ocasión que celebro, la cual nos llevará a contribuir en este proceso de humanización que tiene que ver con fomentar una cultura de paz. Si nosotros como institución, junto con el Ministerio de Justicia y Paz, podemos contribuir a que personas privadas de libertad puedan tener mejores condiciones de vida, realmente haríamos una gran labor por el respeto de los derechos de estas personas”. 

Legitimar los proyectos que se han venido desarrollando, evitar los históricos entrabamientos en los procesos de desarrollo de los proyectos y respaldar el trabajo desarrollado hasta ahora, como procesos con objetivos vinculados al proyecto ético-político que promueve la Universidad, es parte de los aportes y beneficios que genera el convenio. 

Este convenio fue construído desde la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) con ayuda de varias unidades académicas como Química,  Derecho, Trabajo Social y Psicología, que se mantuvieron en un constante diálogo con el Ministerio y Viceministerios de Justicia y Paz. 

El primer paso: llevar investigaciones y trabajos comunales de la UCR a los Centros Penitenciarios, partiendo del trabajo y experiencia de los que ya se desenvuelven en este campo como por ejemplo: el TC-547 “Apoyo a la Población Penal Juvenil”, el TC-615 “Justicia y Prevención de la Violencia Social” y el TC-540 “Trabajando por una cultura de paz y promoviendo el respeto por los derechos humanos”.   

“La firma de este convenio significa un paso necesario para el desarrollo, proceso y progreso de los diferentes proyectos (tanto de investigación como de Acción Social) que desde la UCR se gestan hacia la población sujeta de atención del Ministerio de Justicia y Paz; es un logro alcanzado en aras de la defensa y exigibilidad de los derechos de la población desde las labores que se realizan en nuestros proyectos”, destacó la MSc. Ana Gabriela Cajiao Arce, docente de la Escuela de Trabajo Social y coordinadora del TC-615. 

Para nadie es un secreto que el estado actual de los centros penitenciarios en el país no es el más adecuado y el debate entre la libertad, la privacidad y los derechos humanos, se hace cada vez más difícil de manejar. El uso prolongado de la prisión preventiva, la presión sobre las penas de prisión como única solución, inadecuadas condiciones de infraestructura carcelaria son parte de las principales dificultades. 

Según información del Ministerio de Justicia y Paz, la capacidad de todo el Sistema Penitenciario Nacional es de 9130, pero la población que se encuentra privada de libertad es de un total de 12987 personas. Cabe destacar que de Julio del 2015 al día de hoy, el hacinamiento ha pasado de un 55% a un 44%, a pesar de la disminución, la sobrepoblación de estos centros sigue siendo alarmante. 

Esta coyuntura fue leída y valorada en la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) desde el año anterior, con el objetivo de generar acciones mediante diversos proyectos de Acción Social, pensando en formular nuevos proyectos.  

“Estamos partiendo de los proyectos que actualmente están vinculados con las cárceles y ya tienen camino recorrido y desde el trabajo con ellos queremos abrir espacios de discusión académica”, explicó la  Licda. Eugenia Boza Oviedo, coordinadora de Proyectos Interdisciplinarios de la VAS.  

En varias actividades se fueron encontrando intereses comunes de trabajo con población privada de libertad, se hizo la primera convocatoria a docentes con proyectos inscritos, así como docentes interesados en abordar el tema, con el objetivo de proponerles generar política universitaria desde Acción Social para apoyar al Ministerio. 

Un ejemplo de lo que pretende este convenio es el caso del proyecto desarrollado desde la Escuela de Química, con el profesor Dr. Ronald Arrieta Calvo, que pretende iniciar procesos de trabajo en el tema de gestión de desechos sólidos en las cárceles con la población privada de libertad.