En el territorio indígena Térraba, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha promovido la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Diquís, una represa que se considera la más grande de Centroamérica, sobre el río Térraba. En relación con ese tema, el proyecto interuniversitario "Capacitación en temáticas vinculadas con pueblos y territorios indígenas de Costa Rica", en conjunto con la Escuela de Antropología, realizó el Foro "Procesos de consulta y autonomía indígena: El caso del Proyecto Hidroeléctrico Diquís".

El Foro contó con la participación de las partes implicadas en el conflicto, en el caso de las comunidades indígenas, asistieron el Sr. Hugo Lázaro, de la Mesa Nacional Indígena, y de la Sra. Isabel Rivera, de la Comunidad de Térraba, quienes argumentaron claramente su oposición a la construcción de la represa porque atenta contra el bienestar socio-económico y cultural de la Comunidad.

Además, ambos afirman que el proceso por parte del ICE violentó la autonomía indígena y leyes como la Ley Indígena 6172, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El señor Lázaro y la señora Rivera denunciaron también daños que han sufrido quienes participaron en manifestaciones como exigencia de de los sus derechos y que el ICE saliera del territorio indígena.

En defensa del ICE, el Sr. Franklin Avila, Director del Proyecto Hidroeléctrico Diquís, aclaró que esta Institución ha desarrollado un proceso transparente y bajo los procedimientos correctos, que incluso han abierto espacios de consulta y diálogo; sin embargo, estos argumentos que fueron debatidos tanto por los expositores indígenas como el público del foro, quienes mencionaron que la Administración del PH Diquís realizó una campaña abierta de desinformación.

Para finalizar el foro, el Sr. James Anaya, relator especial de las Naciones Unidades sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, indicó que su proceder consiste en dictar recomendaciones al Estado y a las partes implicadas a partir de un su estudio. El informe respectivo irá directo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el fin de que se corrobore su cumplimiento.

Una semana después del foro, el ICE decidió desmontar las instalaciones y abandonar el territorio indígena con el fin de proceder a una posterior consulta a la Comunidad sobre la posibilidad de continuar con el PH Diquís.