El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) ha presentado un “Texto Base de discusión para una nueva Ley de Radio”, la iniciativa responde a la necesidad de actualizar la legislación costarricense en comunicación; aunque se encamina a mejorar la administración del espectro radioeléctrico, presenta limitaciones para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación por parte de la ciudadanía. 

Para la discusión de la propuesta de Ley, el MICIT ha convocado a talleres sectoriales con el sector académico, empresarial y social. En los discursos del sector académico y social se valora el esfuerzo del Poder Ejecutivo al plantear un documento de trabajo y abrir espacios para su discusión; de su propuesta destacan el reconocimiento de los medios comunitarios y algunas medidas para mejorar la gestión del espectro radioeléctrico, como la definición de un tiempo límite para las concesiones y la propiedad de los medios de comunicación hasta de un 50% para personas extranjeras.

Sin embargo, el texto base tiene una serie de limitaciones que en caso de no modificarse dejarían a Costa Rica con una legislación que no garantiza el uso del espectro radioeléctrico en beneficio del interés público, ni los mecanismos para el ejercicio del derecho a la comunicación por parte de la ciudadanía.

La primer limitante es la falta de una definición política sobre el para qué y el para quién es necesario hacer una nueva ley de medios: ¿para las empresas de medios o para la ciudadanía? ¿para administrar el espectro radioeléctrico o para democratizar su distribución en diversos actores?

De esta falta de definición deriva la ausencia de la perspectiva del derecho a la comunicación y el pluralismo comunicativo-mediático como principios rectores de la propuesta de ley del MICIT, que en cambio ubica como primer principio a “la libre competencia”, lo cual resulta contradictorio si se considera que el espectro radioeléctrico es reconocido internacionalmente y cada vez más como un bien público, un recurso escaso y limitado. Otros principios ausentes son el de interculturalidad, que aseguraría que la representación de lo costarricense sea un conjunto diverso de manifestaciones culturales y el principio de equidad territorial, que haría posible una mejor distribución del espectro para brindar servicios en zonas alejadas del valle central.

La propuesta del MICIT tampoco establece una clara distribución del espectro radioeléctrico para medios públicos, privados y comunitarios.   Aunque indica un porcentaje de 30% del espectro para fines comunitarios y educativos, no es claro el lugar que ocupan en la distribución de este porcentaje los medios comunitarios, públicos, educativos y eclesiásticos, los últimos tres con una importante presencia en el paisaje mediático costarricense.  Además, las medidas para desmontar la concentración de medios no son suficientes, ya que el 30% como tope de concentración no facilita la democratización del espectro.

Por otra parte, está el peligro de marginar lo comunitario de dos maneras: en la primera se le restringe al ámbito geográfico, sin considerar otras perspectivas como la construcción de comunidades de sentido, cuya formación no depende de su apego al territorio. En la segunda se le da un carácter de funcionamiento precario, puesto que un medio comunitario no podría operar por concesión, que implica 15 años, sino por medio de un permiso que corresponde a 5 años de funcionamiento.

Otras ausencias que presenta el texto del MICIT son la falta de un Consejo o instancia adjunta que incluya a sectores de la sociedad civil, no se indica la creación de fondos para la promoción de la producción nacional y no se hace mención de normativa internacional para la interpretación de la ley, en especial lo que tiene que ver con el respeto a la diversidad cultural  y los derechos humanos.

La ley participativa de radio y televisión - el movimiento social por el derecho a la comunicación

Al mismo tiempo que se debate el texto del MICIT, el Movimiento Social por el derecho a la comunicación presentó el pasado 12 de marzo una  propuesta de ley que viene trabajando desde el 2014 con actores de la sociedad civil, su enfoque prioriza la perspectiva del derecho a la comunicación y otorga un rol protagónico a los mecanismos de democratización del espectro radioeléctrico para que coexistan medios comerciales, públicos y comunitarios.

La ley del movimiento social incorpora dentro de sus principios rectores a la libertad de expresión e información, la libertad editorial y la prohibición de censura previa, en tanto mecanismos para salvagauar la autonomía de los medios de comunicación frente al Estado. Además, le da un interés público prevalente a los servicios de radiodifusión sonora y televisiva, promueve la pluralidad de medios y de voces, la diversidad cultural, la equidad social, la justicia territorial y la participación ciudadana. 

Ver propuesta de ley participativa de radio y televisión

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