El Trabajo Comunal Universitario (TCU) Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones. Alcances de la reforma laboral procesal frente a las necesidades del colectivo laboral (TC-681) es una iniciativa de la Facultad de Derecho orientada a brindar herramientas a las personas trabajadoras en el sector agrícola para que puedan participar activamente en la defensa y promoción de sus derechos laborales.

Este proyecto ha trabajado en la provincia de Limón por medio de  actividades que permiten generar conocimiento de forma colectiva sobre los instrumentos institucionales, organizativos y legales disponibles para la tutela y mejoramiento de las condiciones laborales de quienes trabajan para las piñeras y bananeras de la zona. 

“Lo que nosotros queremos hacer es, en primer lugar, un relevamiento de los principales problemas que tienen las personas trabajadoras en piñeras y bananeras y, a partir de esto, hacer una priorización de problemas para una lectura de la Reforma Procesal Laboral en relación con los problemas y experiencias que ya han tenido con estas empresas y organizaciones”, indicó Mauricio Castro, coordinador del proyecto.  

La Reforma Procesal Laboral (Ley 9343) entró en vigencia el 25 de julio del 2017 y representa el principal cambio en Costa Rica en el sistema de relaciones laborales y en los instrumentos individuales, colectivos e institucionales para la protección y cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras.  

La Ley 9394 Incluye modificaciones en el juzgamiento a las infracciones de las leyes de trabajo y seguridad social, procedimientos para amparar de forma efectiva a las personas protegidas por situaciones especiales, a las personas víctimas de discriminación,  procedimientos para ejercer el derecho de huelga, para tramitar judicialmente conflictos jurídicos individuales y colectivos, entre otros. 

“El trabajador de una plantación piñera o bananera siempre ha sido violentado. Se da mucho maltrato verbal y corporal. Hay días en los que nos explotan hasta 16 horas o 20 horas y nosotros lo hacemos por la necesidad de trabajo porque aquí es demasiado escaso entonces, aunque uno sepa que se está explotando a uno mismo tiene que hacerlo”, expresó Rodolfo Ruíz Siles, trabajador de una empresa piñera de Pococí. 

El incumplimiento de la jornada laboral de 8 horas, la falta de seguro social, el salario por debajo del mínimo, la discriminación, la violencia y los despidos injustificados han llevado a los y las trabajadoras a buscar formas de organizarse para exigir, por la vía legal, el mejoramiento de sus condiciones. 

“Aquí en las plantaciones hay una política unificada e institucionalizada de  irrespeto total a los derechos laborales en materia de salud, en materia salarial en cuanto a la jornada de trabajo y en el uso indiscriminado de los agroquímicos. La situación es complicada por la falta de libertad sindical”, indicó Didier Leitón Valverde, miembro del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas. 

Gracias a los nuevos mecanismos legales, en pocas semanas o meses las personas están siendo instaladas de forma efectiva en sus trabajos por lo que las empresas han tenido que entender que deben ajustarse a lo establecido en la ley o, de lo contrario, serán condenadas. 

“Yo fui despedida por mi estado de embarazo. Yo lo informé a la empresa en julio y ya en septiembre ellos decidieron prescindir de mis servicios laborales. Nosotros interpusimos el caso en la defensa pública, ellos ordenaron mi reinstalación, gracias a Dios, pero la empresa nunca se queda sin apelar. Siempre tratan de ganar”, expresó Yeidy Fonseca Marín, trabajadora de una empresa piñera de Pococí. 

La explotación laboral está presente en diversas zonas de nuestro país, dentro y fuera del Gran Área Metropolitana, es por esto que el TCU durante este año 2020 extendió su labor a la provincia de Alajuela en los cantones de Los Chiles y San Carlos. Esta propuesta parte de la identificación de demandas y necesidades generales de la población trabajadora de la Zona Norte y busca fortalecer la reflexión y generar acciones orientadas a reconocer y defender los derechos humanos de las personas, incluyendo a personas migrantes y refugiadas de la zona.