A tres décadas de los acuerdos del Tratado de Esquipulas II, América Central todavía llora a sus muertos y aún los Estados de la región se niegan a contarlos. Dada la impunidad pactada, las élites políticas y militares no reconocen públicamente su participación en el genocidio ocurrido.

Hoy, el caldo de cultivo hierve nuevamente y amenaza con provocar otro estallido armado, en una zona que los organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional  consideran como una de las regiones más violentas del mundo en periodo no bélico.  Los pendientes de la justicia transicional son apremiantes en la sociedad centroamericana, que 30 años después sigue tiñendo su tierra con la sangre de sus ciudadanos.

Estos temas fueron abordados en el Foro de Reflexión sobre los Hechos de Violencia en Centroamérica, realizado el pasado 17 setiembre pasado en el marco de la declaratoria del Consejo Nacional de Rectores (Conare) denominada “2017: Año de las Universidades Públicas por la Vida, el Diálogo y la Paz”.

Con el apoyo de la Rectoría de laUniversidad de Costa Rica (UCR) y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), cuatro centroamericanas compartieron sus vivencias y destacaron el trabajo de personas y organizaciones que luchan cada día en las comunidades del istmo.  Participaron la periodista guatemalteca Alejandra Gutiérrez Valdizán, la ambientalista hondureña Bertha Zúñiga Cáceres, la productora audiovisual Marcela Zamora Chamorro, de El Salvador; y la activista costarricense Chabela Lazo Rosales.

Ellas remarcaron que la exclusión social, las altas tasas de homicidios, la violencia de género, la criminalización de la protesta social, el asesinato de líderes comunitarios y ambientales, la corrupción generalizada, la impunidad judicial y las amenazas al periodismo comprometido son factores que podrían provocar un nuevo enfrentamiento armado.

Tras concluir el foro, Alejandra Gutiérrez Valdizán, productora audiovisual y ex editora del medio digital Plaza Pública, proyecto periodístico de la Universidad Rafael Landívar, amplió sobre la inestabilidad política en Guatemala y el entorno en el que viven los líderes comunitarios e indígenas de su país.

Una posguerra que no acaba.   “En Guatemala en vez de tierra hay pólvora, y cualquier fósforo puede prenderla, son como ´bombitas` puestas por ahí y pueden reventar en cualquier momento.  A lo que se suma que tenemos una portación de armas muy grande entre la población civil”, comentó.

En Honduras y El Salvador los niveles de violencia no son muy distintos.  Por ejemplo, las fuerzas policiales salvadoreñas ejecutan extrajudicialmente a supuestos delincuentes, con el apoyo público de la ciudadanía, y a esto se une las amenazas a la prensa.  La corrupción policial hondureña es alarmante y la cantidad de periodistas muertos se cuentan por decenas.

Aunque en todo el istmo la violencia ha escalado en los últimos años, es en los países del llamado triángulo norte -Guatemala, Honduras y El Salvador- donde ha alcanzado índices que ya amenazan la estabilidad de América Central.

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Entre los excluidos están los pueblos indígenas, añadió Gutiérrez, pero ellos están levantando la voz y exigiendo ser tomados en cuenta en las políticas gubernamentales.  Pero, precisamente, el Estado y los consorcios privados intentan atravesar sus comunidades con megaproyectos.

“A la par de esto hay fuerzas privadas que custodian los bienes de los megaproyectos, empresas de seguridad que pertenecen a militares activos o retirados, y casualmente junto a estas uno encuentro al ejército colocado cerca de los proyectos.  Nuestros líderes son llevados a prisión bajo cualquier cargo, viviendo procesos larguísimos y desgastantes.  Todo esto rompe el tejido social que pudo haber habido y en los grupos urbanos de clase media no hay acompañamiento para estas causas”, aseguró la comunicadora.

Derecho al agua.  Otro de los detonantes es la sobreexplotación de las cuencas hidrográficas.  Por ejemplo, citó que en el sur de Guatemala la confrontación es brutal porque los empresarios han desviado ríos completos para regar los monocultivos, dejando sin el líquido a poblados enteros.  En los territorios indígenas se concentra la mayor riqueza mineral y natural de Guatemala, mencionó Gutiérrez.

El sistema guatemalteco es cuestionado debido al 90% de impunidad judicial, de manera que al transgredir la ley desde el delito más simple hasta el asesinato más cruel está garantizada la impunidad; y otra vez los grandes judicializados son los más vulnerables.

“A 30 años después, los procesos definidos tras el acuerdo de paz quedaron en el papel. Los avances son mínimos”, concluyó.