Este próximo 17 de mayo, Día Nacional en contra la Homofobia, Lesbofobia y la Transfobia se celebrará con un paso adelante.  El pasado 25 de abril el Poder Ejecutivo sancionó la Ley #10175 que establece penas de entre 20 y 35 años para los crímenes de odio que incluyan el homicidio, las lesiones y agresiones con motivos etnia, edad, religión, nacionalidad, opinión política, discapacidad y por primera vez se incluye en la legislación nacional los cometidos con motivo de la identidad de género y orientación sexual de las personas habitantes de la República.

Aunque desde el año 2008 el Decreto Ejecutivo N° 34399-S estableció ese día para reflexionar sobre el avance en materia de Derechos Humanos en Costa Rica, con el fin de erradicar de las instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa, aún quedan temas pendientes en materia legislativa y social.

En ese sentido, la Ley #10175 es parte de ese camino largo de luchas, ya que durante muchas décadas la población sexualmente diversa ha vivido bajo la discriminación social e institucional, la adecuada protección de los cuerpos policiales y la exclusión de los sistemas de asistencia social.

Aunque en Costa Rica no existen estadísticas sobre la discriminación y violencia sobre este tema, un informe del año 2020, elaborado por del Instituto Humanista para la Cooperación en Países en Desarrollo (HIVOS), ente de la cooperación internacional de Holanda, afirmó que a la fecha ninguna institución costarricense se ha preocupado por recopilar dichos datos.  “Muchas veces han justificado que la inacción para poder recolectar y trabajar con información sobre personas LBGTI tiene que ver con la falta de normativa, por ejemplo la falta de un tipo penal de crimen de odio o la insistencia estatal en no reconocer el cambio de sexo registral, por lo cual actualmente el femicidio de mujeres trans es invisibilizado, aun si es cometido por su pareja o ex pareja dentro de los parámetros de Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres”.  

La invisibilización de las vivencias de las mujeres y hombres trans costarricenses se replica entre las personas lesbianas, bisexuales y gays, cuyo rechazo social está profundamente arraigado entre la población costarricense.  Desde el año 2017 el Consejo de la Persona Joven recalcó en el informe “Discriminación y estigma en las Juventudes de Costa Rica” que entre la población adolescente la orientación sexual sigue siendo motivo de señalamiento social.

Un estudio de la Academia Americana de Pediatría, con sede en Estados Unidos, reveló que jóvenes de la población LGBTI “tienen cuatro veces más probabilidades de intentar suicidarse que sus compañeros heterosexuales”.  Dada la situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera este segmento poblacional como un grupo de alto riesgo.   Por otra parte, se estima que la esperanza de vida de mujeres y hombres transexuales en América Latina es de apenas 35 años, debido a factores como el asesinato y el suicidio.

Al respecto, en la Universidad de Costa Rica (UCR), como parte de su compromiso con los Derechos Humanos desde el 30 de junio del 2011, el Consejo Universitario (CU) declaró la institución como un espacio libre de toda forma de discriminación, en absoluto apego a los principios de la sana convivencia y el respeto a las diversidades humanas.  Ese  pronunciamiento hace un llamado para que desde todas las instancias académicas y administrativas se generen espacios reflexivos para promover una cultura de respeto hacia la diversidad.
 

Acciones formativas para la acción afirmativa
 

En la UCR el compromiso por los Derechos Humanos es un tema de interés institucional, desde la Acción Social universitaria para brindar herramientas para el acompañamiento profesional de infancias y adolescencias con expresiones, identidades de género y orientaciones sexuales diversas, mediante un taller coordinado por el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena-UCR).

Dicho taller se imparte desde el pasado 6 de mayo y concluirá el 27 de junio mediante la plataforma virtual UCR Global a personas que laboran en instituciones públicas y organizaciones que trabajan en la atención directa de dichas poblaciones.  

“El acatamiento de los Derechos Humanos representa la expresión máxima de acceso a la justicia al ser estos inherentes a todas las personas. Se pretende contribuir al desarrollo de una vida digna de vivir y disfrutable por parte de estas personas, reconociendo el rol fundamental de las familias y la localidad en esta tarea, así como en la reproducción de valores más inclusivos con respecto a la diversidad de las infancias y adolescencias”, explicó el magister Milton Brenes Rodríguez, coordinador del Pridena-UCR.

Este taller está a cargo del magister Alexander Trigueros y consta de tres módulos temáticos. El primero sobre conceptos básicos sobre diversidad sexual y de género y el proceso de construcción identitaria.  El segundo hace un recorrido por la normativa nacional e internacional y su relación con el abordaje institucional y las intervenciones que trabajan con las infancias y adolescencias en Costa Rica.  Finalmente, se realizarán propuestas para articular dichos contenidos con las prácticas profesionales de las personas participantes en su quehacer cotidiano y reafirmar su compromiso con la búsqueda de cambios significativos en la atención de estas poblaciones.

Además de este curso, el Pridena-UCR brinda más opciones formativas; las personas interesadas pueden escribir al correo electrónico pridena@ucr.ac.cr, llamando al teléfono 2511-6390 o visitando su sitio web.
 

Derechos iguales en todas las regiones
 

En la Sede Regional de Occidente también se enarbola la bandera de los derechos humanos.  El proyecto “Otros saberes posibles: pedagogía crítica y sexualidades disidentes” (EC-559) se creó con el objetivo de promover procesos socio-educativos sobre las diferentes formas de opresión social que enfrenta la población sexualmente diversa de la región de Occidente, para la identificación de alternativas basadas en la perspectiva de los Derechos Humanos.

“Aquí vivimos en una región semi urbana que muestra de todo un poco, de grupos conservadores, religiosos, se viven muchos procesos de discriminación, en espacios educativos; mucha resistencia a abrir espacios de discusión.  En el caso de este proyecto, en algún momento, algunas jefaturas no estaban de acuerdo de recibir este tipo de capacitación aduciendo objeción de conciencia; pero también se han abierto espacios interesantes, como en el 2016 se gestó la iniciativa de declarar a San Ramón un espacio libre de discriminación”, aseguró el magister Adrián Calvo Ugalde, coordinador de esta iniciativa.

Calvo comentó que el abordaje de este tema requiere de la “generación de espacios colectivos de reflexión, empoderamiento y sensibilización, mediante la construcción de articulaciones con diversos grupos, organizaciones, colectivos e instituciones sociales para la construcción sinérgica de alternativas hacia una sociedad más justa y equitativa. Lo anterior, mediante esfuerzos interinstitucionales y transdisciplinarios basados en estrategias, modelos, métodos y técnicas de actuación socio-educativa, que permitan procesos de reflexión colectiva, hacia la identificación de iniciativas que propicien el desarrollo humano y la calidad de vida”.

Este proyecto convoca a personas jóvenes para compartir sus vivencias, sus preocupaciones y “recuperar sus voces”.   Como fruto de estas acciones surgió la agrupación denominada Colectivo Gente Diversa, que reúne a personas jóvenes de secundaria y universitarias, con el objetivo de constituirse en un espacio alternativo para la atención de temáticas relacionadas con el género, la diversidad y los Derechos Humanos.

De acuerdo con las vivencias de las personas participantes en el proyecto, en la Región Occidente aún las creencias conservadoras están muy arraigadas, “pero hemos logrado incidir en la formulación del Plan Estratégico de la sede, que contempla la inclusión social, que establece acciones afirmativas para la población sexualmente disidente.  Ahora hay que llevarlo a cabo”.  Entre otros desafíos que se plantea el proyecto EC-559 es como la vigencia de la nueva Ley de Empleo Público incidirá en la vida nacional mediante la invocación de la objeción de conciencia; sin embargo subrayó que “estamos en alerta para ver cómo se aplicará en las instancias públicas”, enfatizó Calvo.