El pasado mes de mayo se llevó a cabo el foro-taller Análisis de la realidad nacional: para una acción social pertinente. Esta actividad tuvo por objetivo dialogar entre las personas que forman parte de la acción social de la Universidad de Costa Rica (UCR) sobre la necesidad de enfrentar desde la acción social las problemáticas que se exponen en el Informe del Estado de la Nación del 2018.

Leonardo Merino, coordinador general de investigación e Isabel Román, parte del equipo técnico y encargada del Séptimo Informe del Estado de la Educación, expusieron los resultados de las investigaciones en las distintas áreas y los puntos de mayor interés para la ciudadanía. A partir de esta dinámica se concluyó que la acción social universitaria tendrá que actuar para generar cambios significativos en conjunto con las comunidades.

Merino describe el 2018 como “un año de tensión y retroceso en Desarrollo Humano Sostenible”. Además, expone cinco problemáticas centrales derivadas del proceso investigativo a las cuáles dar seguimiento. 

Equidad e integración social:

Los datos del Informe del Estado de la Nación muestran un grave deterioro en el ámbito de la integración social, debido al incremento de la violencia delictiva.  La incapacidad para revertir los altos niveles de desigualdad que el país ha experimentado en los últimos años, ha perpetuado las diferencias en el acceso a oportunidades para distintos territorios y grupos de la población, lo que ha generado zonas de exclusión social.

En el tema de exclusión, también se hace énfasis en la brecha de género, pues la proporción de la diferencia de ingresos entre mujeres y hombres no se explica por las características propias de las personas o sus lugares de trabajo, por lo que se atribuye a la discriminación salarial. Se afirma que en ausencia de esta discriminación, las mujeres recibirían ingresos superiores debido a que están mejor calificadas. 

De la misma manera, se expone que al aplicar las medidas de contención del gasto público en materia fiscal, se afectará a las personas más pobres y vulnerables pues, “en un escenario de máxima restricción, si las transferencias monetarias se eliminaran, la pobreza extrema aumentaría hasta 4,2 puntos porcentuales y la total 3,6”.

Oportunidades, estabilidad y solvencia económica:

Durante los últimos dos años la economía costarricense mostró una situación negativa. Se observó un enfriamiento de la mayor parte de los motores de crecimiento, lo que provocó “una continua desaceleración de la economía y una reducción en los puestos de trabajo”.

Otro de los grandes desafíos del país es el vínculo entre el sistema económico y la creciente desigualdad en la distribución de los ingresos. En este mismo periodo se dio la mayor pérdida de empleos de los últimos 20 años con 30.645 puestos de trabajo. Esto afectó a los sectores más vulnerables: personas no calificadas, microempresas, jóvenes de entre 15 y 35 años y mujeres.

Armonía con la naturaleza:

“Costa Rica no ha resuelto qué lugar ocupa el ambiente en su agenda de desarrollo. Pese a que se autoidentifica como un ‘país ecológico’ y tiene grandes logros en materia de conservación, la forma en que gestiona y protege su patrimonio natural no es, en términos globales, sostenible”.

Los patrones han operado en direcciones contrarias: por un lado, hay un mayor peso de fuentes renovables en la generación eléctrica, y por otro, hay un mayor consumo de hidrocarburos, en especial para una flota vehicular que crece cuatro veces más que la población.

Fortalecimiento de la democracia:

Durante las últimas elecciones presidenciales, los escándalos públicos por parte de los tres poderes de la República pusieron en cuestionamiento la labor realizada por sus autoridades e incrementaron la desconfianza ciudadana. 

La revisión de 49 normas que supervisan el régimen disciplinario en 24 instituciones públicas, detectó vacíos legales que dificultan el control de conductas como la negligencia o la desviación de poder, por parte de los funcionarios. 

Transporte y movilidad:

Las alternativas en materia de transporte público siguen siendo débiles y la flota vehicular aumenta constantemente, acompañada de los problemas de infraestructura. Estas problemáticas se han traducido en un alto consumo de hidrocarburos, emisiones contaminantes, largos tiempos de traslado, pérdida de competitividad, elevados costos económicos, accidentes viales y deterioro de la calidad de vida. 

Costa Rica se posiciona como uno de los países latinoamericanos con más vehículos por cada mil habitantes (231 unidades). El informe establece que para la población trabajadora, los costos económicos derivados del congestionamiento en la GAM representan alrededor de un 3,8% del PIB. 

En relación con la situación educativa del país, Isabel Román hace especial énfasis en que no es posible el desarrollo humano sostenible sin tomar en cuenta la educación y que, por lo tanto, “el mejor negocio que puede hacer el país es el de invertir en una buena educación pública”.

Costa Rica se ha destacado por sus altos índices de alfabetismo y cobertura de la red educativa pública en todo el país, sin embargo, existen desafíos que continúan latentes y a los que se les debe hacer frente a la brevedad pues, “tenemos un logro histórico en el que no nos podemos dar el lujo de retroceder”, indicó Román. 

El Sexto Informe del Estado de la Educación muestra que en esta materia no han habido cambios significativos con respecto a los años anteriores. Continúan las bajas coberturas en el nivel interactivo II de preescolar y el ciclo diversificado de secundaria, hay una reducción de la exclusión educativa y sigue estancada la cifra de estudiantes que logran completar la secundaria.

De las misma manera, los rendimientos en pruebas estandarizadas son bajos, existe una débil o nula articulación entre ciclos educativos y hay poca información disponible para dar cuenta de los avances en educación superior, especialmente la privada. 

Es por esto que, a partir de las investigaciones realizadas se concluye que es necesario cambiar lo que pasa en las aulas, especialmente en relación con el tiempo efectivo de lecciones. También se destaca la necesidad de mejorar la calidad profesional docente, la urgencia por migrar hacia una gestión por resultados centrada en los aprendizajes de las personas estudiantes y fortalecer los mecanismos de evaluación de la calidad y transparencia de la educación superior. 

Tomando en consideración los puntos anteriores, desde la Vicerrectoría de Acción Social se pretende dirigir las labores de los distintos proyectos a trabajar los puntos de mayor interés y necesidad en materia de ambiente, educación, desigualdad, entre otros. Esto con el propósito de generar cambios significativos y construir un mejor futuro en conjunto con las comunidades.