Más de 200 personas privadas de libertad tuvieron la oportunidad de participar de un proceso para la formulación de preguntas a los candidatos presidenciales para las elecciones 2018. La Universidad de Costa Rica (UCR) asumió el compromiso de involucrar a poblaciones vulnerabilizadas en el ejercicio de sus derechos.

El Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP), en conjunto con representantes de la Comisión Interdisciplinaria por la Justicia Penitenciaria (CIJPE) de la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de  Trabajo Social, la Escuela de Antropología, la Escuela de Psicología, Iniciativas Estudiantiles y la Vicerrectoría de Acción Social, llevaron a cabo un proceso que buscó abrir espacios de participación política para poblaciones con altos porcentajes de abstencionismo y  en condiciones de exclusión social. En las elecciones 2014 hubo un 70% de abstencionismo en centros penitenciarios, mientras que en las pasadas elecciones municipales, el abstencionismo para esta población fue de 82,4%.

A partir de una iniciativa del CIEP, la Comisión Interdisciplinaria para la Justicia Penitenciaria, un espacio de la Universidad que busca articular procesos de trabajo alrededor del tema penitenciario en atención al convenio con el Ministerio de Justicia y Paz, diseñó una estrategia participativa con personas privadas de libertad a través de un plan de consulta que inició en el mes de setiembre.

Para la Licda. Vanessa Beltrán Conejo, docente e investigadora del CIEP, esta iniciativa responde a la necesidad de la población en condiciones de vulnerabilidad de ser escuchada. “Ellos no participan del proceso electoral porque no se sienten parte, se sienten totalmente excluidos del juego; no les llega la información. No solo estamos atendiendo la necesidad del grupo de personas que está ahí dentro sino también de sus familias, de sus amigos y de sus comunidades, aportando a reducir los círculos de exclusión y violencia”.

La Mag. Eugenia Boza Oviedo, coordinadora de la Unidad de Programas Institucionales de Acción Social y representante de la Vicerrectoría de Acción Social en la Comisión Interdisciplinaria por la Justicia Penitenciaria, afirma que la Universidad tiene una importante labor en la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos humanos de poblaciones vulnerabilizadas. “No trabajamos con las poblaciones privadas de libertad como sujetos que cometieron delitos sino como personas. Estamos trabajando con personas sujetas de derechos en privación de libertad y no con reos”.

El equipo de trabajo fue conformado por más de 30 personas, en su mayoría estudiantes sensibilizados con el tema, a través de proyectos de Acción Social o prácticas académicas universitarias.

La Dra. Claudia Palma, coordinadora del proyecto “Mujeres, tráfico de drogas y cárcel en Costa Rica” (EC-440) y representante de la Escuela de Antropología en la Comisión Interdisciplinaria por la Justicia Penitenciaria asegura que “la privación de la libertad saca de la idea de convivencia en la sociedad y por lo tanto de la idea de convivencia de la ciudadanía. Acercarnos nosotros a los espacios de privación de libertad para una cosa como un debate político es hacer efectiva una ciudadanía que a pesar de ser privados de libertad, no pierden”. 

A lo interno de la Universidad, se capacitó a estudiantes y docentes para la elaboración de talleres con poblaciones penitenciarias. Este proceso permitió la conformación de equipos de trabajo con las personas que desarrollaron procesos participativos en los centros penitenciarios con las personas privadas de libertad y trabajar conceptos como ciudadanía, participación política y democracia, así como reflexionar sobre cómo influye la política dentro de su vida en la cárcel y dentro del ambiente familiar, laboral, etc.

El resultado de estos talleres fue la elaboración de preguntas concretas que expresaran las preocupaciones y dudas desde la voz de las personas privadas de libertad a los candidatos a la presidencia. En este proceso participaron más de 200 personas en condición carcelaria, entre ellas, hombres y mujeres de seis centros penitenciarios dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana: el Centro de Atención Institucional La Reforma, el Centro de Atención Institucional Vilma Curling, el Centro Especializado Ofelia Vicenzi, la Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos y centros penitenciarios de Liberia y Limón.

“El debate no es lo que nosotros interpretamos que ellos quisieran preguntar, es lo que ellos quisieron preguntar. Ellos construyeron las preguntas, nosotros lo que hicimos fue agruparlas, darles forma pero es lo que ellos se están preguntando. Nos interesaba reconocer los grandes ejes temáticos”, afirmó Boza.

El proceso culminó este jueves 2 de noviembre con el primer debate político realizado en una cárcel. La actividad se llevó a cabo en el auditorio Reinaldo Villalobos del Complejo La Reforma. 

En el debate se formularon preguntas sobre diferentes ámbitos de la realidad nacional, así como temáticas pertinentes a la población privada de libertad. Este espacio de discusión contó con la participación de 6 candidatos presidenciales, así como de hombres y mujeres privadas de libertad provenientes de distintos centros penitenciarios.

Esta iniciativa universitaria creó un primer canal entre la política y las personas privadas de libertad. “La primera devolución que hacemos de esta consulta fue el debate, pero ciertamente lo que viene ahora es una etapa de sistematización de toda la información y se pueden vincular proyectos de investigación, docencia y Acción Social”, afirmó Beltrán.