Desde los orígenes mismos de la humanidad la historia ha estado marcada por la migración para reconstruir la vida en otras tierras. Pero en la actualidad los movimientos migratorios se han convertido en un tema político electoral en muchas naciones, aunque millones de historias están manchadas con sangre.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM-ONU) entre 2014 y 2022 más de 50000 personas perdieron la vida durante estos trayectos. En América Latina más de 6900 personas encontraron la muerte, especialmente en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, que a la fecha suman 114 niños y niñas, 360 mujeres y 2349 hombres; pero OIM-ONU reconoce que existe un subregistro de las muertes en parte porque se desconocen todas las rutas migratorias transfronterizas.

En la región centroamericana, con el norte apuntando hacia los Estados Unidos, el año pasado más de 100000 personas cruzaron el Tapón del Darién, ubicado entre las fronteras de Panamá y Colombia, donde oficialmente se contabilizan 199 fallecimientos, pero la ONU advierte que testimonios de los migrantes afirman que encontraron una gran cantidad de fallecidos tendidos a lo largo de esa mortal ruta.

Por dicho motivo desde el año 2000, cada 18 de diciembre los países miembros de la ONU se unen en el marco del Día Internacional del Migrante, dado el “creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes, y destacando la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes”.

Hasta mediados del año 2020 la OIM-ONU estimó que unos 288 millones de personas estaban bajo la categoría de migrantes, un 3.6% de la población global. Los migrantes trabajadores representan el 62% del total, y la mayoría se moviliza a países de rentas altas, aunque ha aumentado el porcentaje de aquellos que llegan a países de renta media.

El Dr. Carlos Sandoval García, director del Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), y editor del libro “Migraciones en América Central, Política, territorios y actores”, asegura que en el istmo se estima que entre un 12 y un 14 por ciento de la población no vive en sus países de nacimiento, por lo que “la migración internacional duplica y cuadruplica las estimaciones regionales e internacionales, respectivamente. Se trata de una realidad estructural y estructurante de la vida de millones de personas. Sea que se considere desde la experiencia personal, los imaginarios sociales, las políticas públicas o la acción política, las migraciones son un lugar crucial desde el cual acercarse a describir, explicar y comprender la región”.

Acciones desde y con la comunidad

Para la Licda. Soledad Hernández Carrillo, coordinadora del proyecto de Acción Social (VAS) denominado “Migra-acciones: Acompañando población migrante y refugiada, más allá de las fronteras” (TC-723), es vital que el Estado “genere información sobre la trata de personas para identificar estas situaciones de riesgo y generar prevención mediante procesos socioeducativos y de difusión para que mediante procesos comunitarios no se victimice a las personas”.

El objetivo del TC-723, iniciativa de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica (UCR) es fortalecer las capacidades de incidencia y organización de las personas migrantes, solicitantes y refugiadas pertenecientes a diversas agrupaciones para la validación de sus derechos humanos. Para lograr su fin, el proyecto genera procesos de sensibilización, información y acompañamiento a estas poblaciones, organizaciones e instituciones que trabajan sobre esta temática, desde un enfoque psicosocial, de género, e interculturalidad.

Durante el año 2022 el TC-723 colaboró con una serie de instituciones como ReT Internacional, Cenderos, Red de Mujeres Pinoleras, entre otras. Este año se impartieron talleres socioeducativos a personas solicitantes de refugio, sobre sus derechos laborales, salud, ferias y actividades lúdicas para niños y niñas migrantes, entrega de paquetes educativos a escolares e información y cuidados en el uso de las plataformas digitales.

En suma, con el aporte de estudiantes de distintas carreras se generan propuestas interdisciplinarias mediante la construcción conjunta de saberes y acciones en defensa de los derechos humanos. Por otra parte, y desde otro enfoque, se capacita al personal de los sistemas judicial y policial para la adecuada atención de las personas en condición de migrante o en proceso de solicitud de asilo.

De acuerdo con la Licda. Hernández, la propuesta es contar por personas funcionarias bien capacitadas en estos temas “y generar una adecuada utilización de los recursos para brindar servicios especializados y pertinentes, ya que aunque el Estado tiene una infraestructura a veces no existe una designación específica de fondos y muchas organizaciones no gubernamentales terminan asumiendo labores que corresponden al Estado”.

Las personas como mercancía

En la legislación costarricense el tráfico ilícito de personas es un delito penado con hasta 10 de años de cárcel, y en ocasiones quienes hacen estos recorridos caen en redes delictivas relacionadas con la trata de personas.

El tráfico ilícito de migrantes implica el traslado y cruce entre fronteras en el que media un pago y una relación comercial conocida como “coyotaje”. En la trata de personas, que también ocurre dentro del mismo país de origen de la víctima, “existe un engaño, una coacción, una amenaza y la persona es vista como una mercancía, es una de las violencias más extremas que atenta contra la dignidad humana y la explotación en diversas formas como laboral, sexual, servidumbre, uso de vientre de alquiler, adopciones ilegales, venta de órganos. En particular en Costa Rica se da la explotación laboral en fincas agrícolas, y la sexual particularmente con mujeres y niñas, niños y población LGBTIQ”, detalló Hernández. En Costa Rica, el artículo 172 del Código Penal tipifica como delito la trata sexual y laboral y a la luz de esa normativa en el 2021 se identificaron 21 víctimas en el país, 6 mujeres, 14 niñas y 1 niño, en su mayoría costarricenses y personas nicaragüenses y de otras nacionalidades. Aunque existe un subregistro global, recientemente la OIM-ONU ha detectado casi 160 mil casos de tráfico y esclavitud moderna.

Hernández recordó que en la UCR existen varios proyectos e iniciativas que abordan el tema de la migración y que por ello, en el marco de la pasada Semana de la Persona Migrante, celebrada en setiembre, se gestionó una red de trabajo sobre migración, refugio, los procesos de atención y cumplimiento de derechos de las personas migrantes, especialmente en estos escenarios de migración forzada. “Lo que se percibe es que se puede vulnerar o colocar en mayor riesgo a personas que ya huyen de otras vulnerabilidades”, acotó.