El Gobierno de la República presentó en el mes de abril el proyecto de reforma al empleo público. El expediente 21.336 busca estandarizar en ocho subregímenes las relaciones laborales y los salarios en los tres poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el sector público y las municipalidades.

El proyecto de ley Marco del Empleo Público establece que su finalidad es “mejorar la calidad del servicio prestado por los funcionarios públicos, poner en práctica un sistema más transparente y con eficiente rendición de cuentas y reducir el gasto público por concepto de remuneraciones”. A pesar de esto, desde la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) se generó un documento que identifica importantes problemas del proyecto con respecto al marco constitucional. 

Estos problemas tienen que ver con: la inobservancia del régimen de autonomía administrativa, propia de las Municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social, del régimen de independencia de administración, organización y gobierno exclusivo de las universidades públicas estatales y el ejercicio de derechos fundamentales como los derivados de la libertad sindical y el derecho a la no discriminación.

El documento profundiza sobre estos temas y se detallan algunos otros relacionados que implican violaciones al régimen constitucional que deben ser eliminados y otros que ameritan un replanteamiento para su regulación, tales como: autonomía y empleo público, derecho a la negociación colectiva y salario global, competencias inconstitucionales otorgadas al Consejo Técnico Consultivo del Empleo Público, gestión o evaluación del desempeño y posible discriminación en los incentivos, entre otros.

Si desea conocer sobre las temáticas expuestas puede descargar aquí el documento completo. Desde la UCR se invita a analizar esta información y compartirla, con el objetivo de reflexionar en torno a las afectaciones que se podrían generar en el sector público.