El grado de incumplimiento de garantías laborales en el sector agropecuario llega al 60%, es decir 20% más que el promedio nacional. Estos son datos del Estado de la Nación 2017, donde se concluye que las familias que no logren acceder a empleos de calidad, tendrán mayores probabilidades de encontrarse bajo la línea de pobreza.

De acuerdo con Rodolfo Ruiz Siles, trabajador piñero, esos empleos de calidad escasean en la región de Pococí de Limón, donde señala que muchos como él se ven forzados a aceptar trabajos en el sector agrícola, pese a las condiciones que ofrecen.

“El trabajador de una plantación bananera o piñera siempre se ha visto violentado. Se da mucho el maltrato verbal, corporal. Hay veces que nos explotan hasta 16, 20 horas”, comenta Ruiz.

Yeidy Fonseca Marín, vecina de Pococí, experimentó de primera mano la falta de garantías laborales cuando fue despedida en septiembre del año pasado por estar embarazada. Debido a esta acción, interpuso su caso en la Defensa Pública del Poder Judicial, donde ordenaron su reinstalación.

Fonseca señala que las empresas piñeras, como en la que ella laboraba, son conocidas por apelar estos casos, por lo que se mantiene un estado de incertidumbre.

La madre primeriza fue acompañada en este proceso por integrantes del Trabajo Comunal Universitario (TCU), Derechos Laborales (TC-681), proyecto que busca generar conocimiento colectivo entre personas trabajadoras del sector agrícola acerca de medidas institucionales, organizativas y legales para mejorar sus condiciones de trabajo.

Según Mauricio Castro Méndez, coordinador del TCU, la iniciativa se ve respaldada en su mayoría, por la Reforma Procesal Laboral, aprobada en julio del 2017. Gracias a este nuevo marco legal, el docente afirma que el espacio de acción de las y los trabajadores en situaciones de injusticia laboral aumenta, aunque su aplicación no sea del todo correcta por la mayoría de empleadores.

“Estamos en una etapa de transición donde las empresas han tenido que entender que tienen que empezar a hacer las cosas de manera distinta, (...) todos estamos en un proceso de aprendizaje que deseablemente nos va a acercar a la idea de la no discriminación y los derechos laborales en general”, destaca Castro.

Esta reforma modifica varios aspectos importantes como el juzgamiento a las infracciones a las leyes de trabajo y la seguridad social, las inspecciones trabajo, procedimientos para proteger a las personas amparadas por fueros especiales (mujeres en estado de embarazo y lactancia, denunciantes de hostigamiento sexual), y procedimientos para ejercer el derecho de huelga, entre otros.

Estas medidas vienen a cambiar una dinámica que por mucho tiempo se ha reproducido en el ámbito laboral de las plantaciones. De acuerdo con Didier Leitón Valverde, representante del Sindicato de trabajadores de plantaciones agrícolas (Sitrap), en las compañías existe una política institucionalizada de irrespeto total a los derechos laborales, en materia de salud, en materia salarial, referente a jornadas de trabajo y al uso indiscriminado de agroquímicos.

Para la correcta implementación de estos nuevos lineamientos, Castro considera importante registrar los principales problemas de las y los trabajadores en cada comunidad, para luego priorizarlos y lograr, por medio de la Reforma Procesal Laboral, la reinstalación efectiva de estos grupos.

Aunque el proyecto implementa el uso de talleres y capacitaciones, el fin principal del mismo es que exista mayor participación de la ciudadanía a la hora de implementar estas nuevas medidas legales en pos de un mejor entorno laboral.